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Honorio Feito
Viernes, 15 de septiembre de 2017

Claves para una crisis

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La delicada situación por la que atraviesa España, y no me refiero al asunto económico, con la amenaza frontal a nuestra soberanía en Cataluña, a nadie, lector, debería extrañar. El proceso, el histórico, el de verdad, por el que se ha llegado a esta realidad, nos aclara que el momento político que vivimos hoy es la consecuencia de un plan diseñado hace ya un tiempo, al que se han sometido los diferentes gobiernos, tanto del PSOE como del PP, con la animación de otras fuerzas políticas; también la Corona. Es, probablemente, en lo único que parecen coincidir

 

Vivimos en un escenario minuciosamente preparado para el asalto final. A nadie debería, por tanto, extrañar el ambiente que nos rodea y el peligro que comporta el desafío soberanista para la unidad de España, claro. Citaba, en mi anterior artículo, la actitud sospechosa que, tanto el Gobierno como la Oposición, vienen manteniendo sobre el comportamiento de algunos políticos e instituciones catalanas, al que seguirán, si prospera, otras Comunidades Autonómicas. Ese procedimiento es sospechoso de buenismo, de dejar hacer, cuando no de animar y profundizar en la consolidación del desarrollo del Estado autonómico; es sospechoso de ser tolerante con las ambiciones periféricas que debilitan al Estado y vigorizan el caciquismo provinciano, cuyo despotismo lleva a inventar historias locales,  que se utilizan como arietes para derribar la Historia común de los pueblos de España; o buscan en la lengua, o en el chascarrillo local, no referencias culturales sino elementos disgregadores con la lengua común de todos los españoles. Y hacen con la historia y la lengua el adoctrinamiento necesario en las escuelas para formar generaciones de personas que, desde la infancia, reciben ya un mensaje muy claro entre lo de su comunidad y lo español, asumiendo esa división de buenos y malos que marcará sus preferencias en el futuro.

 

Sin remontarnos hasta los tiempos de la II República, donde hay ya evidencias de esta táctica, la misma Constitución de 1978, y su proceso de redacción del articulado, son un ejemplo de la labor continuadora de un sumario cuyo objetivo es transformar a España, borrar el eje cultural y social sobre el que se ha cimentado nuestra historia. Uno de esos objetivos sería atacar la unidad, horadando los vínculos sobre los que se han venido cimentando los últimos quinientos años de vida en común, que no son los únicos en nuestra Historia.

 

Los artífices del texto constitucional de 1978 establecieron dos artículos a través de los cuales debería llevarse a cabo el desarrollo autonómico, que define el actual sistema político (el Art.143 y el Art. 151). El primero de ellos, el llamado lento, era para las autonomías que se designaron no históricas (¿?), a las que se consideró menores de edad, y que necesitarían un periodo de adaptación de cinco años antes de recibir determinadas transferencias. Por ahí entraron, curiosamente, las regiones (ordenamiento político-administrativo del siglo XIX),  representantes de los antiguos reinos medievales.  Es decir, se cargaron de un plumazo el peso y el valor de los antiguos reinos que fueron conformando la unidad de España en tiempos de los Reyes Católicos, a favor de tres comunidades que no han representado nada, o muy poco, en el contexto histórico, social, económico y político de los siglos.

 

El  Art. 151, que se conoció como el de la vía rápida, se aplicó directamente en las llamadas comunidades históricas (Cataluña, Vascongadas y Galicia), a los que se les supuso una mayoría de edad (¿?) Es evidente que la Constitución, que comenzaba su artículo 14, correspondiente al Título Segundo: “Los españoles son iguales ante la Ley…”, no precisaba que todos los españoles eran iguales ante la Ley, aunque, como en la mili el valor, aquí se suponía que se refería a todos. Agravios comparativos, como vemos, al tratar de forma diferente a unos y a otros, y falta de rigor histórico de los legisladores y de la clase política que amparó el texto. La Corona incluida.

 

La consolidación del proceso autonómico ocupó desde entonces a la clase política. Se transfirieron competencias que nunca el Estado debería haber consentido, por ejemplo, en materia de educación cuyos resultados, después de casi cuatro décadas, saltan a la vista; ni en materia de sanidad, otro tanto, cuando un español que ha cotizado durante casi cincuenta años a la Seguridad Social, no puede con su tarjeta sanitaria obtener medicamentos en la mayoría de las Comunidades Autonómicas, excepto aquella que es la de su habitual residencia.

 

Volviendo a la Constitución de 1978, garante de la fractura política y social de la España actual, el idioma oficial, el castellano (Artículo 3º de la Constitución), que debería presidir todos los actos oficiales, ha quedado relegado, en Cataluña sin ir más lejos, a una mera anécdota, y la Bandera (Art. 4º), también. Este artículo precisamente establece igualmente la posibilidad de utilizar las banderas autonómicas y locales junto a la enseña nacional pero, como hemos visto en multitud de ayuntamientos de Vascongadas, Navarra, Baleares y Cataluña, esta coexistencia no existe porque la Bandera Nacional es excluida.

 

A la vista de estas y algunas otras tropelías, como el hecho de que durante los últimos atentados yihadistas en Cataluña, la Policía Nacional y la Guardia Civil no fueran quienes tomaran el mando de las operaciones, cabe preguntarse ¿Por qué la clase política que nos representa, dentro y fuera del Gobierno, no tiene las cosas tan claras como la mayoría de la sociedad española que les vota? ¿A qué principios responden nuestros políticos para no aplicar las leyes vigentes con la contundencia que se aplican, por ejemplo, a un españolito anónimo cuando incurre en un delito? ¿Qué compromisos inspiran al Gobierno que preside el señor Rajoy para que su actuación sea una inexplicable templanza, escudándose en el sistema judicial ante lo que a los ojos de los españoles parece una dejación de funciones del Ejecutivo?

 

Como dicen en la televisión, la respuesta después de la publicidad.

 

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