Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer contenidos de interés. Si continúa navegando entendemos que usted acepta nuestra política de cookies. Ver nuestra Política de Privacidad y Cookies
►w_adblock_title◄

►w_adblock_intro◄

►w_adblock_explain◄

►w_adblock_closed_btn◄

José Manuel Cansino. Profesor de Economía del Sector Público de la Universidad de Sevilla.
Lunes, 18 de septiembre de 2017
José Manuel Cansino

EL 1-O comenzó un 9 de junio

Guardar en Mis Noticias.

[Img #5198]

 

Hay una fecha sin la que no se explica el desafío secesionista del próximo 1 de Octubre; tampoco el anterior intento del 9 de Noviembre de 2014. Esa fecha fue el 9 de junio del año 2012 día en el que el Ministro de Economía, Luis de Guindos acababa con las especulaciones sobre si España seguiría o no la estela de Grecia, Irlanda y Portugal pidiendo un rescate a la troika compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. La opción del gobierno español fue disfrazar el rescate de “rescate suave” o “rescate soft” por cuando, a diferencia de los tres países citados, en el caso español el macro crédito (100.000 millones de euros) se pedían sólo para sanear el sistema financiero pero no para financiar el déficit público del Estado.

 

En aquellos días, la prima de riesgo española (los intereses que pagábamos de más en comparación con lo que pagaba el país de referencia –Alemania- estaba por encima de los 600 puntos). Aún tuvieron que pasar unos días después del anuncio de la petición de rescate para que la prima alcanzase su máximo de 634,3 puntos básicos, cosa que ocurrió el 23 de julio de ese mismo año cuando España tenía que pagar casi un 8 % por cada euro que pedía prestado a devolver en diez años.

 

Como todo rescate, los prestamistas obligaron a tomar unas duras medidas de ajuste que pasaban directamente por el control del gasto público y sobre uno especialmente; el gasto de las administraciones autonómicas. Hasta 2008 los gobiernos regionales alimentaron una gran burbuja administrativa. Las Comunidades autónomas disfrutaban de un sistema de financiación indiciado (vinculado automáticamente) al crecimiento de la recaudación impositiva; una exigencia y un logro de los ahora secesionistas catalanes al entonces presidente José María Aznar. La burbuja inmobiliaria de aquellos años permitió una especie de “economía fingida” que crecía a un ritmo anual promedio del 3 %. Al tiempo que la actividad económica crecía las arcas de la Hacienda del Estado se llenaban holgadamente y una parte importante de estos recursos iban a parar a las autonomías gracias al sistema de financiación en vigor.

 

El abundante dinero que llegaba a manos de los gobiernos regionales (y también municipales) les permitió aumentar el tamaño de la ya importante red clientelar a través de la denominada administración pública paralela: agencias públicas, consorcios y empresas públicas, principalmente. Fuese cual fuese el color político del gobierno regional, la burbuja de la administración pública engordaba por igual en toda España.

 

Sin embargo, sí había una diferencia entre regiones: el crecimiento de la deuda catalana ya mostraba síntomas preocupantes. En 2007 ascendía a 15.776 millones y era muy superior a las del resto de regiones. Un hecho muy preocupante pues se producía a pesar del fuerte crecimiento de sus ingresos. Malos síntomas que se manifestaron al poco tiempo: 35.616 millones en 2010 y 75.443, millones en este año de 2017.

 

Con el estallido de la burbuja inmobiliaria se acabó el crecimiento, la creciente recaudación de impuestos y la parte (muy elevada) que llegaba a las autonomías. Pero el gasto público aún tardó en reducirse; el fuerte déficit fue la consecuencia inmediata. El déficit español pasó de 49.371 millones de euros en 2008 a 118.222 el año siguiente. El sistema de financiación autonómico indiciado a la evolución de los impuestos se derrumbó como consecuencia de este automatismo.

 

La situación de Cataluña era alarmante pues el hundimiento de los ingresos se unió a una colosal deuda que ponía en riesgo de colapso la financiación de servicios públicos básicos como la sanidad o la educación (transferidos por igual entre gobiernos del PSOE y el PP). Las dudas sobre la capacidad de las administraciones españolas y los movimientos especulativos de grandes fondos de inversión internacionales dispararon la prima de riesgo española, esto es, la remuneración o tipo de interés adicional que había que entregar por cada euro que se pedía prestado para compensar a quien nos lo prestaba por el mayor riesgo que asumía. Las presiones para que el gobierno de Rajoy pidiese un rescate siguiendo el modelo griego fueron muy altas hasta que el ministro de Guindos anunció que se pedía el rescate pero sólo para el sistema financiero; el “rescate suave”.

 

Las instituciones que pusieron a disposición de España un crédito de 100.000 millones de euros (de los que sólo se usaron 70.000 que ya fueron devueltos) impusieron unas condiciones de ajuste que se parecían mucho a las de un rescate convencional.

 

Una de estas condiciones era arreglar la disparatada situación de déficit y endeudamiento de las Comunidades Autónomas situación que, en Cataluña, alcanzaba cotas delirantes. Con un sistema de financiación haciendo aguas debido a su indiciación automática a la recaudación de unos impuestos que caía en picado era materialmente imposible atender las obligaciones financieras, so pena de dejar de prestar servicios fundamentales como la sanidad o la educación que habían sido transferidos a las Comunidades Autónomas. Al no admitirse en el seno de la Unión Europea quiebras en la Haciendas regionales, el Estado fue asumiendo paulatinamente la deuda pública catalana. Tanto es así que hoy en día es su principal acreedor al tener más de la mitad de la misma.

 

El rescate “suave” también exigía el control del gasto de la autonomía más díscola: Cataluña pero también del resto de administraciones. El déficit público español bajó de los 108.886 millones de euros en 2012 (año del rescate) a los 71.836 millones del año siguiente. ¿Quiénes fueron los responsables de conseguir el férreo control del gasto? Las Intervenciones Generales de todas las CCAA encargadas, además, de recopilar información del uso del gasto público y enviarla mensualmente a la institución central, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que, a su vez, la remite a Bruselas para permitir la supervisión de nuestros “rescatadores”.

 

El resultado fue que tras la petición de “rescate suave” aquel 9 de Junio de 2012 a los tejedores de las redes clientelares autonómicas se les acabó su margen de maniobra. Tenían que dar cuentas de hasta el último céntimo gastado. Su enfado fue mayúsculo pero … ¿Dónde alcanzaba el mayor nivel este enfado? naturalmente en Cataluña.

 

La manera en la que las regiones (y los ayuntamientos) encajaron el control del gasto fue muy diferente. Mientras el resto de los representantes de las CCAA aguantaban el chaparrón, la Generalidad catalana se rebeló. Se resistía a contentarse con ser una Administración de perfil plano gestionando las necesidades de ancianos, niños y enfermos sin poder exhibir un fuerte perfil de autogobierno orientado a la autosuficiencia. La rebelión se puso de manifiesto claramente cuando el presidente Mas se inventó el famoso “pacto fiscal”. Con esta petición demandaba un trato privilegiado como el que tienen los tres territorios vascos y Navarra. El fundamento de su petición fue el famoso “Enpanya ens roba”.

 

La reivindicación del nacionalismo catalán no era otra que quedarse con una parte muy importante del superávit fiscal del área económica de Barcelona (no de Cataluña), pues junto con Madrid son los pulmones económicos más importantes de España. El presidente de la Generalidad no buscaba otra cosa que regresar a la situación abundancia de dinero previa al rescate del ministro de Guindos.

 

¿Por qué no se permitió entonces el Pacto Fiscal ni se permitirá ahora? En parte porque la experiencia vasca no es precisamente positiva. En parte porque la sociedad española, por primera vez desde el inicio de la Transición, fue consciente de que este tipo de estrategias tenían que tener fecha de caducidad.

 

Pero había otra razón: nuestros prestamistas y supervisores de la Unión Europea. Por un lado, dar soberanía fiscal a una Hacienda con la trayectoria de la catalana es inasumible para la ortodoxia financiera de los países centroeuropeos. Por otro lado supondría malgastar los esfuerzos de control del gasto de los últimos años. No permitirán la vuelta a las andadas de la burbuja administrativa. El dinero no está para, por ejemplo, embajadas en el extranjero, o que TV3 genere un gasto igual o superior al de las cuatro cadenas privadas más importante juntas. En Europa no gusta la “barra libre”. Además, el Pacto fiscal inexorablemente reduciría la financiación de las otras catorce regiones de régimen de financiación común. De esto no sólo es consciente el PP; también el PSOE lo sabe bien.

 

El nuevo pulso que va a perder el secesionismo catalán tras décadas de entreguismo del resto de españoles va a dejar un innegable descrédito ante nuestros socios de la Unión Europea que no dejan de pensar qué hemos hecho mal para llegar a una situación tan disparatada. La magnitud de ese daño es difícil de medir. Pero también ha dejado en la opinión pública una opinión muy crítica e incluso contraria a la cesión de competencias en servicios tan sensibles como la educación o la policía. Hoy sólo las redes clientelares que se alimentan de los presupuestos autonómicos se opondrían a una reforma constitucional que garantizase iguales servicios a todos los españoles prestados por una administración en la que prevalecieran las personas antes que los territorios.

Acceda para comentar como usuario Acceda para comentar como usuario
¡Deje su comentario!
Normas de Participación
Esta es la opinión de los lectores, no la nuestra.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
1 Comentario
Fecha: Martes, 19 de septiembre de 2017 a las 08:47
Carlos Martinez
--"nuestros socios de la Unión Europea que no dejan de pensar qué hemos hecho mal para llegar a una situación tan disparatada."
.........................
Si esta..."gente" a la que ustedes se empeñan en llamar políticos, en lugar de tratar de medrar en la política lo hubieran hecho en... la aviación civil, ¿acaso no estarían ahora todos los aviones como ahora se encuentran todos los ayuntamientos, diputaciones. CCAAs, televisiones autonómicas, agencias públicas, consorcios..etcétera etcétera et´ce-te-ra??!!!
Cuando en cualquier gobierno decente de Europa se dimite..¡por lo que se tiene que dimitir!! en estas cuestiones, esta chusma ha dejado más que claro qué... África comienza en los Pirineos.
Ya tenemos una Deuda Colosal, como ellos, gobiernos de los MÁS corrupto, como ellos y...sólo nos falta que en las huchas del Domund niñ@s rubi@s pidan por nosotros.
Cuando empiecen ustedes, los del Cuarto Poder, a llamar a las cosas por su nombre... ¡lo mismo el Pueblo despierta y deja de votarlos! ¡lo mismo!

La Tribuna de Cartagena • Términos de usoPolítica de PrivacidadMapa del sitio
© 2017 • Todos los derechos reservados
Powered by FolioePress