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Sábado, 23 de septiembre de 2017
Encargado por ella misma

La Comisión Europea ocultó un informe que demostraba que las descargas ilegales no afectaban a la venta legal de productos culturales

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En enero de 2014, la Comisión Europea adjudicó a la empresa holandesa Ecorys un contrato por valor de 360.000 euros para realizar un estudio sobre cómo las infracciones sobre los derechos de autor (especialmente centrados en las descargas ilegales) afectaban a las ventas legales de productos culturales, especialmente audiovisuales y musicales.

 

El estudio de 300 páginas, con una elaboración precisa y muy detallada, se entregó a la Comisión en mayo de 2015, pero nunca fue publicado porque los mandatarios de la UE no quedaron satisfechos con las conclusiones que ofrecía: con la excepción de los éxitos cinematográficos recién estrenados, decía la investigación, “no hay evidencia que respalde la idea de que la infracción de derechos de autor a través de descargas ilegales online perjudique a las ventas”. Incluso, el documento revelaba que, paradójicamente, la piratería puede incrementar la venta de videojuegos a través de descargas ilegales y de streaming de vídeos.

 

La ocultación de este trabajo, desvelada por la analista Julia Reda en su blog personal, lleva a una única pregunta: ¿Por qué la Comisión, después de gastar una cantidad significativa del dinero de todos los contribuyentes en este trabajo, optó por no publicar el estudio durante casi dos años?

 

La respuesta, que explica la propia Julia Reda, hay que buscarla en el hecho de que las políticas sobre los derechos de autor que impulsa la propia UE y que se diseñan en los países miembros suelen construirse sobre una consideración inicial: “el supuesto de que la infracción del derecho de autor tiene un efecto negativo directo en los ingresos de los titulares de derechos”. Por lo tanto, si tenemos en las manos un informe que cuestiona radicalmente esta creencia, al parecer radicalmente falsa, es posible llegar rápidamente a la conclusión de que las leyes y normas que coartan la libertad de los usuarios para intercambiar y/o descargar archivos online se han redactado, exclusivamente, cediendo a la presión de las grandes empresas del sector. Y eso es algo que, al parecer, la UE no puede permitir.

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