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Se produce “de facto” la Declaración Unilateral de independencia (diga lo que diga la misiva que envía el criminal Puigdemont al presidente Rajoy), en el momento en el que expira el plazo concedido, ¡el segundo plazo concedido! y el presidente de la generalidad ni afirma ni niega haber realizado la DUI.
La Declaración Unilateral de Independencia de una región no es suficiente motivo para que Rajoy anule el viaje previsto a Bruselas y el gobierno de España, ¡dice que con carácter de urgencia!, no se reunirá hasta el próximo sábado. ¿Qué entiende el gobierno de España por carácter de urgencia? ¿Es urgente fijar la reunión más importante de todos los consejos de ministros de los últimos ochenta años para 48 horas después?
Con toda probabilidad la reunión del Ejecutivo aprobará la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que deberá ser refrendada por el Senado y que no se reunirá, como pronto, hasta el próximo lunes ¿No cobran suficientes emolumentos los señores senadores para reunirse el sábado por la tarde o, incluso, durante domingo? ¿No es la separación de Cataluña de España razón de suficiente importancia como para que se convoque al Senado, en Sesión Extraordinaria, por muy festivo que sea el día de la convocatoria?
Y ahora falta saber cómo se va a aplicar el artículo 155. Lo lógico sería poner, al frente de la suspendida autonomía catalana, a un español (civil o militar), de intachable patriotismo. Es más, tal y como está el patio, los españoles nos quedaríamos muchos más tranquilos si fuera un militar la persona designada para tan compleja misión. ¿Será capaz el cobarde presidente Rajoy de dejar al delincuente Puigdemont al mando de la autonomía suspendida?, ¿o tal vez organizará algo así como un gobierno provisional de “consenso” que integre a todas las fuerzas políticas, independentistas delincuentes incluidos?
Cualquier cosa puede esperarse de un gobierno que está haciendo el ridículo a nivel internacional y que desespera a millones de españoles, que ven como los golpistas están ganando la partida por goleada.
Mientras tanto, millones también de patriotas, que son catalanes y que viven en Cataluña, deben soportar el absoluto desamparo del gobierno de España, de un gobierno que tiene la obligación legal y el deber moral de no dejarlos a la suerte, de un gobierno que debe asegurarles de cualquier acto, contra sus vidas o contra sus propiedades, que los sediciosos podrían llevar a cabo en cualquier momento.
La situación es límite. No exageramos lo más mínimo. El Jefe del Estado, más allá de una aparición televisiva, ni está ni se le espera. El presidente se marcha a Bruselas. Y aquí nos aquedamos, el resto de los españoles, gobernados (es un decir) por un gobierno gallina. ¡Qué asco!