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Josele Sánchez
Martes, 7 de noviembre de 2017

Javier Lorente, Marcos Gracia y Juan Carlos Blanco actuaron por ánimo de lucro y mala fe

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¿Cómo puede presidir una Asociación de Amigos de un Monasterio alguien con antecedentes por delitos contra el patrimonio histórico?

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Las investigaciones de la Guardia Civil son concluyentes:Javier Lorente, Marcos David Gracia y Juan Carlos Blanco, actuaron por mala fe y por ánimo de lucroy lo que es mucho más interesante de las conclusiones de los investigadores de La Benemérita: “Existía un interés político en que, milagrosamente (así lo califica el informe del Instituto Armado) la pieza apareceriera el 25 de agosto, día en que se reúnen los Amigos del Monasterio de San Ginés de la Jara, para “echarse una foto con alguna autoridad

 

Desde luego, la Guardia Civil siempre da sobradas razones a los ciudadanos para sentirnos orgullosos de ese Cuerpo pero es que, además, en esta investigación “lo han clavado”. Eso de la “aparición milagrosa”, precisamente el 25 de agosto (ni un día antes, ni un día después) y que “existía un interés político” son determinantes para entender esta historia repleta de personajes mediocres y de ambicione mezquinas.

 

Lo primero que resulta sorprendente de esta enrevesada historia es que una persona con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio como Javier Lorente, también conocido por el sobrenombre de El culturetas pueda ser presidente de una Asociación de Amigos de un Monasterio Es como poner al frente del Plan General Antidrogas del Gobierno a un reconocido toxicómano o como permitir a un pederasta que dirija una guardería. No se puede entender que alguien que ha atentado contra el patrimonio histórico esté al frente de nada que tenga que ver con el cuidado de ese patrimonio.

 

Y lo mismo sirve para otro de los imputados, “otro genio de la arqueología”, Juan Carlos Blanco, que ha trabajado como técnico del Museo Etnológico de San Pedro del Pinatar y activo colaborador de la Dirección General de Bienes Culturales del Gobierno Autónomo. Habrá que preguntarse si en las bases de puntuación para contratación laboral de técnico de museo, el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar valora de manera especial la posesión de antecedentes policiales por delitos de expolio contra el patrimonio artístico.

 

Ahora mismo resulta imprescindible que el Director General de Bienes Culturales del Gobierno Autónomo y la alcaldesa de San Pedro del Pinatar den explicaciones convincentes de cómo y porqué fue contratado este individuo. Y si no lo hacen, o si sus explicaciones no resultan clarificadoras, habrá que exigirles, a ambos, su dimisión. Que no es cualquier cosa, que se estaba poniendo al cuidado de piezas arqueológicas de extraordinario valor a alguien que ha estado relacionado con delitos de expolio contra el patrimonio artístico. Alguna responsabilidad habrá que pedirle a quién lo ha designado para este puesto.

 

La investigación de la Guardia Civil desmonta por completo las coartadas de los imputados y dice textualmente el informe:

Es descabellado el que una persona sola pudiera coger el sillar romano y cargarlo en un vehículo, se reitera que, por parte de la investigación, Juan Carlos Blanco Gago, da datos imprecisos y la alusión de dos personas que se lo ofrecieron por dinero no está del todo claro, siendo certeza de esta instrucción de que es inventado, como el hecho de que él sólo subiera a una furgoneta, sin ayuda de nadie, dicha lápida que pesa unos 310 Kg. Si cae esta versión sólo nos queda de que los que realmente sustrajeron el sillar romano fueron ellos (refiriéndose a los tres imputados: El Culturetas, Blanco y Gracia); hay que destacar –continúa el informe de las Guardia  Civil- que esta persona es una autoridad en arqueología así como que sabe de sobra los procedimientos que se tienen que llevar a cabo cuando se recupera o se descubre este tipo de hechos, no siendo comprensible que lo trasladara de Cartagena a Murcia y lo guardara allí para después manifestar que su intención era entregarlo al Museo de arqueología de Cartagena y no comunicarlo ni a la Guardia Civil ni a ninguna autoridad cuando lo recuperó “comprándolo” en Cartagena”.

 

También es muy clarificadora la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil y en ese otro interés además de la mala fe y el lucro de los investigados: “el tema político”. El juez Munítiz tiene argumentos sobrados para tomar declaración a la consejera Noelia Arroyo y a la alcaldesa Ana Belén Castejón; el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena tiene sobradamente acreditado carecer de problemas a la hora de citar a declarar a responsables políticos y, en este caso, tanto La Arroyo como La Castejón tienen mucho que decir. O mucho que callar (que es lo que hacen como responsables políticos) y si son citadas, en calidad de testigo, están obligadas a decir la verdad.

 

El último párrafo del informe preliminar de la Guardia Civil sobre Juan Carlos Gago, tampoco tiene desperdicio:

 

Es de interés que el hallazgo estaba preparado y que tras la presentación de denuncia ante la Guardia Civil había trastocado sus planes iniciales (refiriéndose, de nuevo, a los tres imputados: El Culturetas, Blanco y Gracia) y decidieron de una manera poco clara y difusa con la aparición de dicha pieza romana en el término municipal de Murcia, siendo la conclusión de esta instrucción que la lápida funeraria estaba en el Museo de san Pedro del Pinatar y que ante la denuncia realizada se desmarcó del asunto trasladándola a Murcia y que mejor que estuviera con Juan Carlos Blanco Gago, una persona que trabajó en el Ayuntamiento de san Pedro del Pinatar como técnico del museo y amigo personal de Marcos David Gracia Antolinos y antiguo colaborador de la Dirección General de Bienes Culturales de la región de Murcia”.

 

Habrá más entregas de este serial por capítulos en que se ha convertido la chapuza llevada a cabo, supuestamente, por El Culturetas y sus secuaces. Nos detendremos en los informes de Lorente y Marcos David Gracia, un Marcos David Gracia que, suponemos, será apartado (al menos temporalmente) de sus funciones como director del Museo Etnológico de San Pedro del Pinatar. No parece de recibo que continúe ejerciendo como director de un museo etnológico un individuo que está siendo investigado en un caso de delito contra el patrimonio artístico

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