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Josele Sánchez
Jueves, 9 de noviembre de 2017
Javier Meseguer: “El ayuntamiento de Cartagena no cualifica ni presupuesta los servicios jurídicos”

"El jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Cartagena viola gravemente la Ley"

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Entrevistamos al prestigioso letrado cartagenero Javier Meseguer sobre las irregularidades cometidas por el jefe de los Servicios Jurídicos Municipales

[Img #6995]

 

 

 

 

 

 

 

Hace un día les informábamos de las iregularidades reiteradas cometidas por el jefe de los Servicios Jurídicos del ayuntamiento de Cartagena, Francisco Pagán Martín-Portugués. Por necesidad de sustentar la información publicada, mencionábamos a la empresa que citó (citó el jefe de los Servicios Jurídicos del ayuntamiento de Cartagena, no nosotros) contratada por el consistorio dela Ciudad, algo absolutamente falso porque el citado despacho de abogados se constituyó en el Registro Mercantil dos años después de la fecha en que supuestamente fue contratada. En cualquier caso, ni este periodista ni el periódico que dirige quiere causar el menor daño al bufete Ruipérez y Asociados Abogados, S.L.P., que sólo es mencionado, de manera tangencial, para demostrar las falsedades del jefe de los letrados del Ayuntamiento y que, en todo caso, puede ser otra víctima más del mal hacer profesional de este alto funcionario municipal. Nos consta que el trabajo profesional de los letrados que ejercen su actividad en el despacho Ruipérez y Asociados Abogados, S.L.P. es completamente profesional y ajustado a las normas y éticas del derecho, como lo hace la inmensa mayoría de los abogados colegiados de Cartagena. En la información que publicábamos ayer aludíamos a la condición de funcionaria municipal de Ana Belén Ruipérez Martín adscribiéndola a los Servicios Jurídicos. Queremos desde LTCT matizar dicha información ya que, la letrada Ana Belén Ruipérez, pese a ser funcionaria municipal en excedencia del ayuntamiento de Cartagena,  nunca perteneció a los Servicios Jurídicos

 

 [Img #6997]

 

Aclarado este extremo seguimos con más información sobre las irregularidades cometidas por el jefe de los letrados municipales, un Francisco Pagán Martín-Portugués que ha llegado a considerarse intocable en un ayuntamiento de Cartagena en el que hace y deshace como le viene en gana; así las cosas, sin ir más lejos, puede sacar de patrullar las calles de la Ciudad a una policía local y buscarle acomodo en un despacho, aprovechando una baja laboral de un funcionario y, una vez se reincorpora el funcionario, obligarle a cambiar de destino porque este está ocupado por la persona “enchufada” por el jefe de los Servicios Jurídicos del ayuntamiento de Cartagena. ¿Quién va a atreverse a denunciar al intocable y todopoderoso Francisco Pagán? Se trata, sin duda, de una utilización patrimonial del consistorio como si se tratara de su propio chiringuito, algo muy habitual en los funcionarios durante el franquismo pero poco justificable en una sociedad democrática aunque, por lo visto, no es la democracia lo que más ocupa ni preocupa al jefe de los Servicios Jurídicos del ayuntamiento de Cartagena.

 

Mientras seguimos esperando alguna reacción de los grupos políticos, y que alguien le cuente estas noticias a una señora alcaldesa que no nos lee porque considera que no somos prensa seria (la alcaldesa sólo considera prensa seria a la que le envía ramos de flores por su maternidad), seguimos avanzándoles nuevos contenidos hasta que lleguemos al final: la aclaración de todas y cada una de las irregularidades cometidas por o bajo el consentimiento de un jefe de los Servicios Jurídicos del ayuntamiento de Cartagena que parece creerse el dueño del negocio.

 

 

 

Nos entrevistamos hoy con otra de sus víctimas (compañero letrado para más señas). Hablamos con el abogado Javier Meseguer Barrionunuevo, quien ha presentado un recurso contra una licitación de los Servicios Jurídicos del ayuntamiento de Cartagena.

 

 

 

Abogdo, ¿cómo tiene usted conocimiento de las irregularidades que podrían estar cometiéndose en los servicios jurídicos del Ayuntamiento?

 

Tengo un cliente que me llamó y me dijo que le habían dicho que el Ayuntamiento había creado un Pliego de Condiciones Técnicas para la contratación de Letrado Externo del Ayuntamiento que dejaba en situación privilegiada al anterior adjudicatario y que impedía la libre competencia en igualdad de condiciones al resto de abogados. Entones, estudié el Pliego publicado en la web municipal (el anterior equipo de gobierno no los publicaba y casi nadie nos enterábamos de nada) y comprobé que lo que me decía mi cliente era cierto, ese Pliego era radicalmente nulo por violar directamente la Ley con claro y grave perjuicio, no sólo para el resto de abogados que quisiéramos licitar en igualdad de condiciones, sino para las arcas municipales ya que dicho Pliego se basa en un presupuesto de 55.586,78 euros para dos años, pero ese precio no era cierto, pues al no contenerse ni cuantificarse los concretos servicios jurídicos a prestar por el ganador del concurso, resultaba imposible prever el coste o precio total de ese contrato. Es decir, tal como estaba ese Pliego redactado, tras esos dos años de contrato, su coste real podía perfectamente multiplicarse varias veces, pues el ganador del concurso seguiría presentando facturas por cada intervención, por lo que, cuantas más intervenciones judiciales, más cobraría sin límite alguno, ya que ese presupuesto se quedaría como “papel mojado”.

 

Al respecto, sería muy interesante comparar el coste total del anterior contrato y su prórroga con su presupuesto de contrata de 56.050 euros. Probablemente, encontraríamos gravísimas divergencias entre lo presupuestado y lo gastado.

 

Además, resulta que compruebo que en dicho Pliego se le da ventaja al licitador que justifique tener ya previa experiencia profesional con la Administración Local, algo que está expresamente prohibido desde la Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores y cuyo artículo 45 se titula literalmente “Prohibición de discriminación a favor de contratistas previo en los procedimientos de contratación pública”.

 

Además observo perplejo que este Pliego, concedía un 21% de puntuación por metodología y organización (sin aclarar en qué consistía este concepto ambiguo) y además también concedía un 13% por mejoras que propusiera el licitador (pero, también, sin aclarar nada sobre esta vaga idea), todo ello sin ninguna definición de esos conceptos que, además, no deben suponer puntuación extra alguna, lo que este Pliego impide una licitación libre y transparente.

 

 

 

 

 

.- ¿Qué hace usted cuando es conocedor de dichas irregularidades?

 

 

 

Recurro esa contratación por ser radicalmente nula y pido la inmediata cancelación de su publicidad por faltar tan sólo un día para finalizar el plazo de licitación. El nuevo contrato, que ha intentado adjudicar ahora este Ayuntamiento, lleva un presupuesto 55.586,78 euros y es para dos años, pero no cualifican ni presupuestan o planifican los concretos servicios jurídicos y sus respectivos precios, por lo que resulta imposible saber de cuánto dinero estamos hablando.

 

Este es el motivo por el que el Ayuntamiento estima el recurso de reposición de Meseguer Barrionuevo Abogados SL y Javier Meseguer Barrionuevo. Es decir, tras mi recurso, el Ayuntamiento viene a reconocer que el precio no era real y que el presupuesto no podría cumplirse sin previa cuantificación de los servicios a prestar por el ganador hasta alcanzar ese presupuesto.

 

 

 

 

.- ¿Por qué el Ayuntamiento estima (sólo parcialmente) su recurso?

 

 

 

El Ayuntamiento no ha estimado totalmente el recurso de reposición y curiosamente no acoge la alegación relativa a que el Pliego del Ayuntamiento, concede 20% de la puntuación al licitador que haya tenido experiencia contractual con el Consistorio, a pesar de que evidente eso viola el principio de igualdad de oportunidad en la contratación pública. De hecho,  está expresamente prohibido conceder puntuación a la previa experiencia del licitador desde la Ley 14/2013 de Spoyo a los  Emprendedores, cuyo artículo 45 se titula literalmente “Prohibición de discriminación a favor de contratistas previo en los procedimientos de contratación pública”.

 

Además, ese recurso de reposición impugnaba también  ese Pliego, porque concedía un 21% de puntuación por metodología y organización, sin aclarar en qué consistía este concepto ambiguo y además, también concedía un 13% por mejoras que propusiera el licitador, todo ello sin ninguna definición de esos dos conceptos que, además, no deben suponer puntuación extra alguna.

 

 

 

.- Letrado, por favor, explique en palabras que el ciudadano entienda, cuáles son las irregularidades denunciadas y de qué modo afectan a los ciudadanos de Cartagena

 

 

 

Contratación pública irregular al dar ventaja a licitadores con experiencia previa con Ayuntamiento y por utilizar conceptos ambiguos, arbitrarios o expresamente prohibidos que impide una adjudicación basada en criterios objetivos, y perjudicial para las arcas municipales por una falta de limitación presupuestaria al cumplimiento total de dicho contrato lo que representará un coste final muy superior al presupuestado.

 

 

 

 

 

.- ¿Qué acciones piensa usted emprender?

 

 

 

Vamos ir a los Tribunales de Justicia a pedir que se anule totalmente  el Decreto de 9-10-2017 de la señora Concejala, pues este Decreto sólo estima su recurso de reposición en cuanto a la falta de un precio cierto, pero no en cuento a la adjudicación del 20% de los puntos a los anteriores contratistas; 21% a la metodología y organización del Despacho; y un 13% por mejoras ambiguas, pues todo ello hace que el nuevo Pliego, aunque contuviera ya un precio cierto y cerrado, seguiría siendo radicalmente nulo por violar impúdica y gravemente el Principio Legal de igualdad y la Prohibición de discriminación en la contratación pública y, además, contener criterios tan ambiguos que podrían permitir adjudicar el nuevo contrato a cualquier persona sin control alguno con base en criterios  arbitrarios -que no discrecionales- impidiendo la libre concurrencia y competencia legítima y deseada por todos los abogados de Cartagena y, por su puesto, causando un perjuicio a esta Ciudad ya que el contratista ganador debe ser el que presente la oferta más ventajosa para el Ayuntamiento, sin discriminaciones ni ventajas.

 

Es decir, lo que pretendemos que el nuevo Pliego del Ayuntamiento, ya rectificado tras nuestro recurso administrativo, no de ventajas ilegales y deje de usar criterios subjetivos y ambiguos que impiden la libre y justa competencia.

 

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1 Comentario
Fecha: Viernes, 10 de noviembre de 2017 a las 11:36
Ramiro
Como abogado debo decir, y digo:
1. Es una pena que "nuestros" colegios pasen de todo esto, ya que si realmente no nos defienden, no se que coño pintan, la verdad.
2. Estos hechos tan graves suponen un grave ataque a la competencia profesional, pues se parte de situaciones de privilegio. Así, por ejemplo, la UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA ha pagado CASI UN MILLÓN DE EUROS A UN ABOGADO DEL ESTADO que ejercía privadamente la abogacía, y que anteriormente había sido el Letrado público asignado a dicha Institución...
3. ¿Ustedes creen que esta forma de actuar es lógica y sostenible, jurídica y éticamente hablando?
YO NO.

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