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Josele Sánchez
Lunes, 27 de noviembre de 2017
Las amenazas de Pagán no amedrantan a La Tribuna de Cartagena

Francisco Pagán pretende amordazar la libertad de información

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Sólo la hermana de la reina, Telma Ortiz y Francisco Pagán, han intentado judicialmente impedir en España la libertad de información. La hermana de la reina Leticia perdió su demanda y tuvo que pagar unas costas judiciales millonarias.

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La petición de 700.000 euros, como medida cautelar, que el Director General del Ayuntamiento de Cartagena, Francisco Pagán Martín-Portugués hace, en su querella presentada contra este periodista y director de La Tribuna de Cartagena es, a todas luces, un desvarío propio de quien emite informes que hacen perder a la ciudad de Cartagena millones de euros en favor de la mafiosa empresa de aguas, Hidrogea, una compañía imputada en múltiples procesos por compra de alcaldes y concejales (también en Cartagena y por idéntico motivo) e investigada por haber estado financiando con el 3 por cien del recibo del agua de los cartageneros el independentismo catalán.

 

 

[Img #7550]

 

 

Pero lo que ya resulta algo inaudito es que proponga, como medida cautelar, al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena, que se nos impida volver a hablar de él.

 

 

 

Es decir, propone la censura previa de un medio de comunicación, la mordaza a la libertad de información (mucho más importante, incluso, que la propia libertad de expresión pues, para poder expresarse libremente los ciudadanos en una sociedad democrática, necesitan poder elegir cuál es el medio por el que se informan y que este lo haga sin ningún tipo de censuras) para poder seguir denunciando todas las irregularidades que vamos conociendo de sus actuaciones y que podrían ser constitutivas de varios delitos.

 

Antes de Francisco Pagán, sólo una persona en la historia de la democracia española había intentado castrar la libertad de información: Telma Ortiz, la hermana de la reina de España Leticia Ortiz.

 

Pues bien, con todo lo hermana de la reina que es, los tribunales de Toledo le dijeron a Telma Ortiz que se volviera por donde había venido, no sin antes pagar las cuantiosas costas judiciales, unas costas que (según afirman) llegaron a arruinarla.

 

Y todo ello porque la libertad de información es la base de un Estado Social, Democrático y de Derecho.

 

Estoy seguro (o quiero estarlo) que cualquier periodista de cualquier medio de comunicación, próximo o lejanísimo a la línea editorial de La Tribuna de Cartagena, defenderá enérgicamente nuestra libertad de informar sobre una persona pública del modo que entendamos por conveniente y con la única limitación que los tribunales puedan imponernos, si apreciaran delitos de injurias, calumnias o intromisión en la intimidad de las personas.

 

Pero que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena (donde debo declarar el próximo jueves) vaya a acceder a esta cacicada antidemocrática, se me antoja un disparate jurídico y antidemocrático, que ningún magistrado sería capaz de permitir.

 

Ocurre que a Francisco Pagán, Director General del Ayuntamiento de Cartagena, (puesto a dedo por la alcaldesa más corrupta de una España repleta de alcaldes corruptos, la actual senadora del PP Pilar Barreiro, imputada –entre otras causas- en la operación Púnica y en la operación Pokémon), que durante muchos años ha hecho lo que le ha dado la gana, saltándose la legislación y pensando que era impune, le ha salido una almorrana en su trasero. Y más que van a salirle, porque no vamos a dejar de aportar documentación y de informar a nuestros lectores de todos los abusos que ha realizado, actuaciones que huelen a prevaricación, que apestan a fraude de ley y que parecen calcadas de la malversación de capitales.

 

Francisco Pagán no va a conseguir que dejemos de informar de sus corruptelas y de que lo hagamos tal y como acostumbramos en La Tribuna de Cartagena, aportando pruebas y documentación suficiente para que, incluso, la fiscalía pueda actuar de oficio.

 

Por hechos similares (y en más de un caso, inferiores en gravedad) a los que hemos denunciado y sobre los que seguiremos informando, cometidos por Francisco Pagán al frente de la Dirección General del Ayuntamiento de Cartagena, hay personas ocupando celdas en prisiones de toda España.

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Recientemente y en esta Comunidad Autónoma, el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, iniciaba el caso Biblioteca, una operación judicial que afecta a alcaldes, concejales, técnicos municipales y contratistas por contrataciones fraudulentas idénticas a las llevadas a cabo por el hasta ahora cherif del Palacio Consistorial de Cartagena, Francisco Pagán.

 

Así que va dado este aprendiz de chantajista, si cree que va a callar la voz del periodismo, porque precisamente eso es el periodismo, denunciar cosas que alguno pretende que no se sepa: todo lo demás no es periodismo, son relaciones públicas.

 

Los tiempos de la censura a la libertad de información, la época de la mordaza a la prensa, hace ya muchos años que, felizmente, desapareció de este país, un país con muchísimos defectos pero que aún consagra la libertad de información.

 

Así que, por muchos amigos que presuma a los cuatro vientos el ínclito Francisco Pagán, que tiene entre la magistratura, el periodista sólo tiene un camino que es la verdad.

 

Y con la verdad llegaremos hasta las últimas consecuencias

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1 Comentario
Fecha: Martes, 28 de noviembre de 2017 a las 18:55
Ramiro
Don Josele, le deseo lo mejor en su próxima comparecencia judicial, como investigado.
Confíe en la Justicia.
A Dios gracias, en España la práctica totalidad de los jueces, son profesionales, independientes e imparciales.

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