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Miguel Hernández
Viernes, 26 de enero de 2018
Opinión de Miguel Hernández para La Tribuna de Cartagena

Oposiciones al Ayuntamiento de cartagena: de Juzgado de Guardia

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No tengo ni idea quien está asesorando al equipo de gobierno municipal, pero sin duda los está poniendo al borde del precipicio. Si el proceso para la contratación de auxiliares administrativos no solo era, y es,  un disparate jurídico, y que lo único que va a conseguir es que las sombras y las dudas sobre el proceso aumenten, con la convocatoria del pasado 30 de diciembre: “Edicto de aprobación por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 22 de diciembre de 2017 de las bases que han de regir los procesos para proveer mediante concurso-oposición plazas de Administración Especial de la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena de las ofertas de empleo público 2014 Y 2015”, la corporación consigue rizar el rizo.

 

Unas bases que alguien en la Dirección General de Administración Local debería como mínimo paralizar e informar.

 

Algunos ayuntamientos se empeñan en funcionar como cortijos, saltándose muchas veces a la torera las mínimas normas básicas, con la esperanza de que nadie proteste y por lo tanto, sus burradas cuelen, como ocurre por desgracia muchas veces.

 

Muchos casos de estos, vienen dados por el desconocimiento y a veces la ignorancia de la clase política, y entonces se ponen en manos del primero que pasa.

 

Lo primero que deberían hacer los concejales de turno, es no solo pedir informes jurídicos de sus respectivos ayuntamientos, sino, y es gratis, pedir también que la Dirección General de Administración Local, emita el correspondiente informe a la Resolución o Edicto aprobado.

 

En el Edicto publicado el pasado día 30 de diciembre en el BORM, por ejemplo, es un disparate jurídico eximir a quienes presenten una antigüedad mínima de tres años, de un ejercicio que en las bases tiene carácter eliminatorio, ¿qué nota se le pone, en función de la antigüedad?, pero no contento con ello, en la fase de concurso, se le vuelve a utilizar la experiencia para ser puntuada, lo que equivale a que el tiempo trabajado es doblemente utilizado en el proceso.

 

Y así un disparate detrás de otro. Sería bueno que la oposición, que en el Ayuntamiento otra cosa no habrá, pero partidos políticos en la oposición hay para dar y regalar, exigieran un informe bien del Consejo Jurídico Regional, bien de la Dirección competente en materia de administración local, sobre la legalidad de estos procesos, primero para evitar un nuevo revés judicial al ayuntamiento, pero sobre todo para trasladar a la sociedad de que la corporación es un organismo serio, riguroso y transparente, muy transparente.

 

La pregunta es: ¿Quiere ser el ayuntamiento de Cartagena transparente?, espero que si.

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