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Ernesto Ladrón de Guevara
Viernes, 9 de febrero de 2018

El laboratorio sociológico de “HISPANOHABLANTES”

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Son muchos los ciudadanos que se están movilizando, ayudándonos a recoger 500.000 firmas -que son muchas- para que una ley desarrolle el artículo 3 de la Constitución Española, que dice que el castellano -el español- es un deber de todos los españoles conocerlo; y, así mismo, tienen el derecho a usarlo; mientras que en el caso de las lenguas autonómicas no es obligado su conocimiento.

Cuando Gloria Lago, que al frente de Galicia Bilingüe ha desarrollado una ejemplar lucha por sacar a las lenguas de los feudos políticos y hacer prevalecer el derecho de las personas, nos propuso lanzar una iniciativa legislativa popular, yo me mostré bastante escéptico, no precisamente por estar en desacuerdo con la idea; todo lo contrario.

 

Sin embargo, la experiencia está resultando muy interesante. Son muchos los ciudadanos que se están movilizando, ayudándonos a recoger 500.000 firmas -que son muchas- para que una ley desarrolle el artículo 3 de la Constitución Española, que dice que el castellano -el español- es un deber de todos los españoles conocerlo; y, así mismo, tienen el derecho a usarlo; mientras que en el caso de las lenguas autonómicas no es obligado su conocimiento. Parece una diferencia sin importancia, pero es sustancial, fundamental.

 

Y por otra parte existe el derecho a la educación en virtud del artículo 27 de la Constitución, lo cual implica que se han de preservar las condiciones necesarias y oportunas para que este derecho se produzca. Y si nos atenemos a las recomendaciones de la UNESCO, el respeto a la lengua materna de los alumnos es capital para el desarrollo educativo y cognitivo. La UNESCO promueve estrategias educativas bilingües o plurilingües, basadas en el uso de la lengua materna –un importante factor de integración en la enseñanza y la educación de calidad-. Las conclusiones de las investigaciones indican que este enfoque tiene repercusiones positivas en el aprendizaje y sus resultados.” No hay, por tanto, nada que justifique la erradicación del español en las administraciones públicas y menos en la educación, salvo los intereses independentistas sobradamente puestos al descubierto en Cataluña y País Vasco. Los daños producidos por esas políticas a los más indefensos, que son los niños, son incalculables; y los informes PISA y PIRLS así lo constatan. Es preciso parar esta demencia que solamente tiene su establecimiento en las ingenierías sociales separatistas de ciertos politicastros apoyados por un sector inconsciente y manipulado de nuestra ciudadanía.

 

Gloria Lago es nuestra heroína. Se ha lanzado a una tarea titánica con la colaboración de un equipo altruista de ciudadanos ejemplares. Algunas personas del equipo están jubiladas, pero ella y otros compañeros de la Asociación tienen obligaciones laborales y familiares, y, a pesar de todo, desarrollan una actividad frenética, titánica, quitando tiempo al ocio y a los asuntos personales, para lograr las 500.000 firmas y conseguir algo que es obligación de los políticos. Y es, simplemente, el desarrollo del artículo 3 de la Constitución Española que regula  las lenguas en España; y que, tras casi cuarenta años de vigencia de nuestra Constitución, aún está en el dique seco para no molestar a los nacionalistas.

 

Conozco, de primera mano, los desvelos de Gloria Lago, su entrega generosa a una causa sobre la que no tiene más interés personal que el lograr un objetivo justo y un bien para la sociedad, sin más gratificación por ello que el deber cumplido. Pero lo mismo sucede con otros compañeros de esta militancia como Marita, Marisol, María José, José Manuel, Lorenzo, Esperanza…y otros que no cito por no extenderme. Gloria es nuestra lideresa y portavoz. Poca gente se puede hacer idea de la dificultad y envergadura de la labor desarrollada en pro de las libertades lingüísticas, y para acabar con ciertas dictaduras que vienen de la mano de visiones restrictivas y totalitarias de la acción política.

 

Son muchas las personas que nos han ayudado hasta el momento, bien con apoyos económicos u ofreciéndose como fedatarios. La figura del fedatario es obligatoria por la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo que la regula. Y su misión es la de dar fe de la limpieza del proceso de la recogida de las firmas en su entorno; es decir, que las firmas sean auténticas y no haya fraude.

 

El fedatario simplemente tiene que firmar una declaración jurada. Le remitimos el pliego de firmas que está sellado y numerado por la Junta Electoral Central, y tras la recogida de las firmas lo devuelve a vuelta de correo a la compañera que se encarga de su distribución y recogida.

 

Pero a pesar de que tenemos mucha gente desarrollando esta altruista tarea, necesitamos más personas para lograr el objetivo de llevar al Congreso el proyecto de ley que hemos redactado y que el Congreso ha aprobado para su tramitación mediante la ILP. Necesitamos más ayuda, y yo me atrevo, utilizando mi sección semanal, a solicitarlo a todos mis lectores.

 

Quien quiera saber cómo hacerlo simplemente tiene que hacer “click” en este enlace donde encontrará información:    

http://www.hispanohablantes.es/como-puedes-ayudar.php

Muchísimas gracias por ayudarnos.

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