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Ernesto Ladrón de Guevara
Lunes, 26 de marzo de 2018

Pensiones y farsarios

Guardar en Mis Noticias.

Con el tema de las pensiones es muy fácil hacer demagogia y proclamas falsas de contenido y de justificación. Toda la izquierda afirma que hay que revalorizarlas, afirmación con la que yo estoy de acuerdo, entre otras cosas porque soy uno más de los pensionistas, aunque no me quejo de la cuantía de la que recibo. Sin embargo, nadie dice con cierta solvencia cómo obtener el dinero para cubrir el déficit del fondo de reserva y garantizar la viabilidad del sistema. O mejor dicho, sí lo dicen, pero sin propuestas verdaderamente viables desde el punto de vista económico, como subir los impuestos o recortar los beneficios de las empresas con tributos expropiatorios. 

 

Por la primera de las opciones, los más desfavorecidos seremos los que tengamos unas consecuencias aún más lesivas pues al ser ingresos de trabajo o de rentas controladas por el fisco veríamos aún más menguado nuestro patrimonio, formado por ahorros para cubrir contingencias cuando nuestra situación fuera más desfavorecida como en el momento en el que nos encontramos. Más aún cuando tenemos que cubrir las necesidades de nuestros hijos y nietos en estado de precariedad laboral. Los que tienen profesiones liberales o son capitalistas de postín ya se encargan de buscar ingenierías fiscales que les permitan burlar la inspección fiscal.

 

Por la segunda de las opciones abundamos en la experiencia de Cataluña que nos ha mostrado que el capital y las empresas tienen piernas muy ágiles y que en situación de presión fiscal exacerbada buscan la vida en lugares más acogedores, y eso empobrece nuestra economía.

 

Pero como yo soy uno de los que me sumo a las reivindicaciones de los pensionistas, y voy a sus manifestaciones, voy a hacer una propuesta. Algunos dirán que es inviable, pues es tocar a la estructura territorial del Estado y a sus competencias, y otros me dirán que eso de poner coto a los dispendios, duplicidades competenciales, corruptelas y demás mandanga es terreno difícil de acotar. Yo digo que depende de la voluntad política o de la presión de los ciudadanos; o del voto. Si nos ponemos todos los ciudadanos a trabajar en ello y votamos al unísono a aquel partido político o plataforma electoral que lo pretenda, ya veríamos cómo se ponen las pilas y se apuntan otros al carro.

 

Voy al grano.

 

Al margen de la apabullante corrupción de los partidos políticos en España, cuya afirmación es incuestionable a estas alturas de la película, España tiene una de las estructuras más caras del mundo. Es una forma de Estado fragmentada por miniestados que tienden a una metástasis de expansión competencial y a una megalomanía administrativa sin freno ni control, y, también, a una amalgama de sociedades públicas, televisiones cuya única finalidad es la propaganda política, beneficiarios, subvenidos, subsumidos influenciados, aprovechados, comisionistas, y un largo etc de adjetivos, que supone una sangría sin cuento, de la que procede la incapacidad financiera para sostener el Estado de Bienestar, entre cuyo contenido están las pensiones. Es una verdad de Perogrullo que nadie puede negar a estas alturas. Y eso ocurre en una nación que es más pequeña que algunos estados de USA y que es la mitad de Alemania.

 

Voy a poner un ejemplo concreto.

 

Sin ánimo de ser ególatra voy a contar algo que me ocurrió: yo fui procurador en las Juntas Generales de Álava. Para quienes no conocen bien el País Vasco diré que para una población de dos  millones de habitantes con ciudadanía vasca, más o menos, hay Parlamento Vasco con setenta y cinco parlamentarios, Gobierno con sus consejeros, Juntas Generales con cincuenta y uno procuradores (uno por cada una de las provincias o territorios forales), sus correspondientes Diputaciones forales, con su órgano de gobierno, Cuadrillas comarcales a modo de mancomunidades de servicios, Ayuntamientos, Juntas administrativas y Concejos. Cada uno de esos ámbitos con sus respectivos presupuestos de gastos.

 

En Álava, con más o menos trescientos mil habitantes, es decir la octava parte de la población vasca, tenemos un parlamento foral llamado Juntas Generales de Alava. Como yo era el único componente del Grupo Mixto recibía para gastos de funcionamiento del Grupo [sic] unos siete mil euros mensuales, que iban íntegramente al partido Unidad Alavesa al que yo pertenecía. Anteriormente fui portavoz del Grupo Socialista con once procuradores y la consignación proporcional que recibía el Grupo iba en su casi totalidad al correspondiente partido político, y así, me consta que  hacen los demás aunque no pueda demostrarlo.

 

En el tercio final de legislatura me quedé sin partido político debido a su disolución, como procurador independiente con obediencia programática. Cuando terminé el mandato hice una auditoría de ingresos y gastos y devolví a la Hacienda foral noventa mil euros, a pesar de que ninguno de los informes que me emitieron la Mesa de las Juntas Generales y el Tribunal Vasco de Cuentas me lo exigían. Pero yo consideré que ese dinero no era de carácter personal y lo reintegré a su origen. Anteriormente hubo otros dos casos similares y en ninguno de ellos se hizo lo mismo. En una entrevista del diario El Correo, a preguntas de la periodista, contesté que igual la opinión pública me consideraba bobo pero que la ejemplaridad de los representantes públicos se demostraba con actos, no con palabras, y que mi conciencia era más importante que el dinero.

 

Pero vayamos al asunto central. Fíjense: un triste procurador de cincuenta y uno que forma el parlamento foral cobraba como asignación a un supuesto grupo siete mil euros mensuales para gastos livianos. Yo, con algo de ese dinero publiqué un libro (Educación y Nacionalismo. Historia de un modelo) cuyo fin y objeto fue hacer campaña a favor de los derechos lingüísticos de los escolares vascos y para denunciar la politización nacionalista del sistema educativo vasco. El producto de las ventas de los libros lo ingresé en la cuenta del grupo y lo devolví a la hacienda foral. Recorrí media España denunciando lo que pasaba en Euskadi, señalando a los terroristas, y demostrando la instrumentalización del sistema educativo con fines de construcción nacional vasca. En definitiva, hice política.

 

Pero yo me pregunto qué hacen los demás. Por qué no hacen auditorías de sus cuentas como yo hice, poniéndolas a disposición  pública. Y a dónde va ese dinero y para qué se destina.  Eso ocurre en un triste parlamento, en un territorio de escasa población. ¿Qué ocurrirá en grandes corporaciones? ¿En el Congreso de los Diputados, en el Senado, en los parlamentos autonómicos, en las sociedades públicas, etc?  ¿Cómo van a fiscalizar los tribunales de cuentas los gastos e ingresos y la puridad del destino de esas partidas económicas si éstos son nombrados por los parlamentos? ¿Cómo van a fiscalizar a quienes les dan de comer? Y así un largo etcétera.

 

Eso sin contar que hay multitud de duplicidades competenciales. Por ejemplo, la competencia de ordenación territorial, agricultura, cultura, bienestar social o como se llame ahora, etc, están replicados entre las Diputaciones-Juntas Generales y el Gobierno Vasco-Parlamento. ¿Por qué?  ¿Para dar de comer a acólitos?

 

Fíjense si habría dinero para aumentar los ingresos dinerarios de los pensionistas, y para otras finalidades productivas o sociales.

 

Pero ningún partido político con presencia institucional hace ni una sola mención a este problema. ¿Por qué será?     

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