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Jesús González Acuña
Martes, 3 de abril de 2018
memoria histérica. Opinión de Jesús González Acuña

La Ley de memoria histórica o la Ley del oxímoron

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Noticia clasificada en: Memoria histérica

[Img #10423]

Han transcurrido ya más de diez años desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado la llamada Ley de memoria histórica (Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura), década en la que se ha evidenciado como su aplicación ha supuesto la reapertura de heridas que la generación que sufrió la guerra se había propuesto cerrar.

 

[Img #10422]Para realizar un acercamiento jurídico a toda norma, hemos de comenzar por la lectura de su exposición de motivos, donde se recoge cual ha sido la voluntad que ha llevado al legislador a su promulgación, esto es, los motivos políticos que la fundamentan.

 

Por ello, sorprende que, de entrada, ya en el primer párrafo, se hable de “respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas”. O bien la Ley es una mera tapadera para lograr fines distintos a los que propone o bien su aplicación está siendo absolutamente contraria a su espíritu (por no extendernos demasiado, bastarán dos ejemplos recientes que evidencian una falta de respeto a quienes profesan ideas distintas: la retirada de una cruz a los caídos en Callosa de Segura o la retirada de un cementerio de Madrid de una placa que conmemoraba el fusilamiento de ocho carmelitas en agosto de 1936). Estas acciones poco tienen que ver con el respeto al pluralismo.

 

Sorprende todavía más que el texto legal se centre en el período de la Guerra Civil y de la Dictadura, obviando las causas que nos llevaron a esa situación. Para un observador extraño parecería que un grupo de generales, que vivían en un idílico régimen democrático, se levantaron una mañana con ganas de revertir ese edén de las libertades. Nada más lejos de la realidad, pues la República nació sin legitimidad (fue proclamada de facto tras unas elecciones municipales, no se trataba de unas elecciones constituyentes) y se desarrolló hacia una república de corte soviético de la que solo nos libró su derrota en la contienda.

 

[Img #10424]Son muchos los antecedentes que evidencian el escaso carácter democrático de la II República. En primer lugar, tras su ilegítimo advenimiento, como ya hemos dicho, las Cortes Constituyentes promulgaron una ley de excepción: la Ley de Defensa de la República, que estuvo vigente entre el 21 de octubre de 1931 y el 29 de agosto de 1933, y que permitía al Gobierno Provisional actuar al margen de los tribunales contra quienes cometieran “actos de agresión contra la República”. En tal norma se consideraba ”actos de agresión a la República” acciones tales como ”la difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público” (ríase usted de la llamada ”Ley Mordaza”) o ”el uso del emblema, insignias o distintivos alusivos” al régimen monárquico (efectivamente, llevar en el ojal de la solapa una insignia monárquica podía suponer el confinamiento de su portador, sin control judicial alguno). Esta norma también establecía elementos para purgar a los funcionarios que no se adhirieran a su régimen, mediante el castigo de conductas indeterminadas como la “falta de celo de los funcionarios públicos en el desempeño de sus servicios”. No hay que realizar un gran esfuerzo para determinar quien interpretaba esa falta de celo.

 

En segundo lugar, tras proclamar una teórica libertad de culto, lo que supone el respeto a todas las creencias, bastaron unos días para que [Img #10425]comenzara la persecución de religiosos católicos: el 11 de mayo de 1931 —apenas 27 días después de la proclamación de la República— se inició un movimiento revolucionario que incendió más de cien conventos y edificios religiosos, causando varias muertes, ante la pasividad del Gobierno Provisional.

 

En tercer lugar, es sobradamente conocido como tras las elecciones generales de 1933 gran parte de la izquierda no aceptó la victoria del centro-derecha. Ello evidenció el desprecio por la democracia de gran parte de la izquierda: primero, de los anarquistas, con un movimiento de insurrección en diciembre de 1933. Y esa evidencia se hizo todavía mayor en octubre de 1934, cuando el presidente de la República encargó formar gobierno a Lerroux en un gabinete en el que tres carteras debían ser para la CEDA, por ser la fuerza con más escaños en las Cortes. La respuesta del PSOE fue convocar una huelga general revolucionaria desde las 0 horas del 5 de octubre (que, aunque se siguió en toda España, únicamente triunfó inicialmente en Asturias). Aquí empezaba a morir la República, víctima del nulo talante democrático de uno de sus partidos fundadores, y no en 1936.

 

[Img #10426]

En cuarto lugar, de todos es conocido lo sucedido en Cataluña en octubre de 1934, cuando el entonces presidente de la Generalidad proclamaba “el Estado catalán en la República Federal Española”.

 

En quinto lugar, el pucherazo en el recuento de votos en las elecciones generales de 1936, reconocido por el propio presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora. Si en octubre de 1934 la República ya había sido herida de muerte, comenzaba aquí su descomposición.

 

Finalmente, en sexto lugar, entre otros muchos hechos cuya cita [Img #10427]resultaría excesiva en estas breves líneas, no podemos olvidar como el 13 de julio de 1936 el jefe de la oposición, José Calvo Sotelo, fue secuestrado en su domicilio y asesinado por fuerzas del Gobierno (una partida compuesta por milicias socialistas, guardias de asalto y un capitán de la Guardia Civil).

 

Como decimos, son muchos los hechos que denotan que el régimen de la II República ni era democrático ni lo pretendía ser, bastando los seis anteriores como ejemplos más significativos, pero el lector interesado podrá encontrar muchos más en la abundante bibliografía sobre el tema y en las utilísimas hemerotecas digitales que algunos medios de prensa escrita mantienen en línea actualmente.

 

[Img #10428]Continuando con la exposición de motivos de la Ley, leemos que la misma pretende honrar “a quienes en distintos momentos lucharon por la defensa de los valores democráticos”. No sé si se referirá a los comunistas, cuyo fin era la instauración de una dictadura del proletariado; o a los anarquistas, que pugnaban por un comunismo libertario. Cualquier parecido con la democracia es pura coincidencia.

 

 

El oxímoron que constituye toda la Ley en sí misma tampoco escapa a su exposición de motivos, donde se indica que con dicho texto legal se pretende evitar toda exaltación a la Guerra Civil y, a continuación, se quiere hacer un “reconocimiento singularizado”, entre otros colectivos, a las Brigadas Internacionales. ¿No es una contradicción evitar exaltaciones a la Guerra Civil a la vez que se exalta a las Brigadas Internacionales?

 

 

[Img #10429]También se nos dice en la exposición de motivos de la Ley que “nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas”. Me pregunto con quién se posicionarán los autores de la ley en los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona, en los que se enfrentaron fuerzas de la República y de la Generalidad de Cataluña, por un lado, y trotskistas y anarquistas, por otro, causando unos mil muertos.

 

[Img #10430]La Ley se posiciona así en contra de la posición kelseniana del Derecho verdaderamente objetivo, emancipado de toda ideología. Como dice Arcadi Espada, “La izquierda pétrea ha perdido sucesivamente todas y cada una de sus revoluciones contemporáneas. Solo puede ganar el pasado, a costa, obviamente, de su manipulación”.

 

Jesús Manuel González Acuña

Abogado

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