Lunes, 19 Noviembre 2018
Puerto Rico en quiebra por culpa del Clan Botín


Puerto Rico en quiebra por culpa del Clan Botín

Según la abogado y directora de nuevos proyectos en Center For Popular Democracy, Xiomara Caro
Según la abogado y directora de nuevos proyectos en Center For Popular Democracy, Xiomara Caro “una cosa es la ilegalidad, que se tendría que probar en un tribunal, pero que haya un conflicto de interés… Eso no requiere un doctorado. El mismo tipo que fue presidente de un banco, el Santander, que creció durante cierta época, luego es el presidente del Banco Nacional de Puerto Rico en el momento en el que se aplican las medidas de austeridad más ridículas”.…

 

 

 

La deuda de Puerto Rico se encuentra en niveles insostenibles desde hace varios años. El Estado Libre Asociado se encuentra en quiebra. La situación de la isla roza la crisis humanitaria. La mitad de la población boricua se encuentra bajo el umbral de la pobreza, el 37% de los niños viven en situación extrema. Se prevé que 600 de las 1.400 escuelas que tiene la isla cierren en los próximos años y los hospitales no tienen personal ni recursos para pagar sus facturas y ofrecer un servicio sanitario, algo que está agravando la crisis del Zika. Se calcula que una cuarta parte de los habitantes de la isla podría estar infectado con ese virus.

Ante esta situación, muchos colectivos sociales investigan el proceso de endeudamiento que ha llevado a la isla a acumular una deuda de 70.000 millones de dólares. La organización Hedge Clippers, junto a Committee for Better Banks, han lanzado varios informes en los que señalan al Banco Santander y a varios de sus directivos como principales culpables de la desbocada política de endeudamiento y de la ingeniería fiscal que maquilló las cuentas estatales para saltarse los controles constitucionales de la isla, enriqueciendo al banco y a sus clientes.

Dos directivos del Santander, José Ramón González y Carlos M. García, han sido actores principales de la oscura historia del endeudamiento de Puerto Rico y el enriquecimiento de la banca privada. Estos dos ejecutivos, junto a otros directivos del Santander, han protagonizado un continuo caso de puertas giratorias entre el banco y el Banco Gubernamental de Fomento (GBF), la institución financiera pública encargada del desarrollo y fomento económico de la isla y que cumple funciones similares al Banco de España.

 

 

Las puertas giratorias del Banco Santander y el Gobierno de Puerto Rico

 

 

La historia comienza en 1996, cuando el Santander contrató a José Ramón González para dirigir Valores Santander, una de sus filiales en la isla. González, que había servido como jefe del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) entre 1986 y 1989, desarrolló el negocio de la deuda municipal en el país caribeño. También estableció una serie de fondos de inversión conocidos como “First Puerto Rico”, que invirtió principalmente en valores de deuda de Puerto Rico.

En 2002, González fue nombrado director ejecutivo del holding del Santander en la isla, donde estuvo hasta 2008. Su reemplazo como director de Valores Santander fue Carlos M. ‘Kako’ García. García había sido el pupilo de González en Valores Santander, donde entró en 1997 para orquestar las emisiones de bonos municipales.

Bajo la dirección de González y García, Valores Santander se hizo con el negocio de asegurar y suscribir bonos de deuda pública puertoriqueña. Sólo durante 2004, el Santander ayudó a emitir más de 6.100 millones de dólares de títulos de deuda pública. En 2005, los ingresos por los honorarios de la gestión de este tipo de operaciones con deuda pública ya representaban la mitad de los beneficios del holding en la isla.

Puerto Rico es un país muy pequeño, con una población de tres millones y medio de habitantes, tres millones de seres humanos que para la Familia Botín sólo representan un número. Bueno, después de haber saqueado por completo la nación caribeña representan un número rojo como el color de la enrtidad que “todavía preside” Ana Patricia Botín.

Xiomara Caro visiyó Madrid en junio del pasado año para denunciar las prácticas del banco liderado por Ana Patricia Botín en el archipiélago caribeño. Varias organizaciones internacionales de Estados Unidos, Puerto Rico, Brasil y España presentaron en el Congreso de los Diputados el "Día internacional de denuncia de las prácticas del  Banco de Santander-

La abogado manifestaba que “En números generales, la deuda oficial de Puerto Rico es de 71.000 millones de dólares. Pero hay otras partes de la deuda que no se está contando ahí –unos 60.000 millones adicionales–. En cualquier caso, del informe de los compañeros del Centro de Comunicación Estudiantil de la Universidad de Puerto Rico se puede deducir que 61.000 de los 71.000 millones fueron emitidos por el Santander. Eso significa enormes comisiones y ganancias en el momento de hacer la transacción”.

Y a continuación denunciaba la participación del Santander en emisión de deuda y posterior quiebra de Puerto Rico con nombre y apellidos: Carlos García. Carlos García –al que Xiomara Caro se refiere como el ‘Rodrigo Rato de Puerto Rico’–“pasó de ser director del Banco Santander a dirigir el Banco Gubernamental de Fomento (el banco central del país) en el momento en el que se formalizaba el plan de reestructuración de deuda. No se trató de un proceso gradual y sibilino: los traspasos de poder y las decisiones sustanciales se tomaron en unos pocos días, tras el acceso del conservador Luis Fortuño al Gobierno (2009-2012)”.

García también se ha movido durante años, con un alto grado de responsabilidad, por muchas de las estructuras y comités públicos e institucionales –troika incluida–de Puerto Rico, artífices de las durísimas medidas de austeridad que han asolado a la Isla caribeña en los últimos años. 

En 2015, el 46% de las personas y el 43% de las familias se encontraban bajo el nivel de la pobreza, según el Instituto de Estadística del país. Carlos García pasó de ser director del Banco Santander a dirigir el Banco gubernamental de Fomento en el momento en el que se formalizaba el plan de reestructuración de deuda”, es decir, exactamente lo mismo que piensa hacer Bolsonaro si -tal y como de momento está consiguiendo Ana Patricia Botín- el Banco de Santander logra sus planes de situar al frente de la república al candidato ultraderechsita que ya ha prometido a la presidente del Banco de Santander que colocará a Roberto Campos Neto, qactual director de la mesa de operaciones del Santander en Brasil al frente de Ministerio de Finanzas, algo imprescindible para salvar las cuentas falseadas del banco de Santander en el país Carioca y la bancarota de la entidad a nivel internacional.

No en vano, Roberto de Oliveira Campos, abuelo del banquero del Santander Brasil, fue ministro de Planificación en los primeros años del gobierno militar de 1964-1985, cuando dominaban los puntos de vista proestadounidenses y las políticas de libre mercado, hasta el punto de que era conocido como “Bob Fields”, juego de palabras en inglés de su nombre.

Pero, de momento, volvanos al drama económico de Puerto Rico creado por el Banco de Santander que ha sumido a la población en la más absoluta pobreza, una situación que le crea no pocos problemas a la Administración Trump que está teniendo que gestionar una crisis, practicamente irresoluble, creada por el clan Botín

Carlos García llega al Santander de Puerto Rico a finales de la década de los noventa, ocupando distintos puestos de importancia hasta 2005. Entre 2004 y 2008 es el como vicepresidente ejecutivo de Santander Bancorp ascendiendo, después al la presidencia del Santander en el país caribeño, antes de su acceso al cargo público puertorriqueño en 2009. Y en 2013 regresa al grupo Banco Santander. Una cosa es la ilegalidad, -sostiene la letrado Xiomara Caro- que se tendría que probar en un tribunal, pero que haya un conflicto de interés… Eso no requiere un doctorado. El mismo tipo que fue presidente de un banco, el Santander, que creció durante cierta época, luego es el presidente del Banco Nacional de Puerto Rico en el momento en el que se aplican las medidas de austeridad más ridículas”. 

La deuda que acabó llevando a la ruina a Puerto Rico, ‘Estado libre asociado’ de EE.UU, es una crisis interpuesta, asegura, “ficticia y para beneficio de unos pocos. Esto no es una crisis, es una colonia. Tú no tienes control sobre tu economía, el imperio jala, cambia las cosas, y tú tienes un boquete bien grande. Localmente, desde nuestro gobierno, se pintó como una crisis, se dijo que había que recortar servicios públicos, pero los principales actores del drama fueron el Banco de Santander -y su personalización en la figura de Carlos García-”. 

En 2008, bajo la administración de Luís Fortuño, la puerta giratoria entre el Santander y la Administración pública empezó a girar y no ha dejado de hacerlo hasta la actualidad. El banco, que se había hecho con el negocio de la comercialización y aseguramiento de los bonos, comenzó a intercambiar directivos con la entidad pública que se encarga de elegir qué banco debe gestionar esas ventas.

Carlos García fue nombrado director del BGF en 2008. Pero no fue solo. García se llevó consigo a Jesús F. Méndez, ex director general de Valores Santander; David Álvarez, analista de Valores Santander; William Lockwood Benet, ex consultor de Santander; George Joyner, ex presidente de Santander Mortgage Corp; y Fernando L. Batlle. El hermano de este último, Juan Carlos Batlle, tomó el relevo y sustituyó como director general de Valores Santander a Méndez.

Este grupo de ex-directivos estableció un programa de emisión de bonos al mismo tiempo que implantaban medidas de austeridad presupuestaria, despedían a 30.000 funcionarios sólo en 2009, un 10% del total, además arrancar procesos de privatización de servicios públicos como el transporte y la energía.

La nueva dirección del BFG también creó y distribuyó acuerdos de bonos que incluían bonos de revalorización de capital y permutas de tipos de interés (swaps), que funcionan como cláusulas suelo y obligan a seguir pagando altos tipos de interés aunque estos hayan bajado. Banco Santander se benefició al ser asegurador y corredor de bolsa de estos bonos, tal y como hizo Goldman Sachs con la deuda de Grecia. Según The Wall Street Journal, Puerto Rico había emitido 61.000 millones de dólares en bonos desde el año 2006 a 2013, pagando 1.400 millones en honorarios a sociedades de valores y otras entidades entre los que el Banco Santander siempre fue uno de los principales beneficiados gracias al trato preferencial que bajo la dirección de García en el BGF.

En 2011, Juan Carlos Batlle, hasta entonces director de Valores Santander,  remplazó a Carlos García como director del BGF mientras que su hermano Fernando dejó el BGF para convertirse en el presidente ejecutivo de Valores Santander. Cuando Carlos García dejó el BGF, regresó al banco Santander, donde se convirtió en vicepresidente ejecutivo del holding bancario en Estados Unidos.

Ahora mismo, estamos estudiando y dando a conocer el rol del Santander porque es el banco que está detrás de Junta de Control Fiscal –la troika puertorriqueña–, al tener a Carlos García y a su mentor José Ramón González decidiendo qué se va a hacer en el país. Por no hablar de toda la gente del Santander que empezó a trabajar en el Banco Gubernamental de Fomento”, explica la letrada Xiomara Caro.

Carlos García, tras un breve periodo como vicepresidente de la MOVA Pharmaceuticals, en 1996 se convierte en presidente de Santander Securities. Hasta 2008, González ocupó los puestos más importantes en la filial del banco que preside Ana Patricia Botín

Según la abogada, “la bancarrota de Puerto Rico solo tiene explicación si se observa con perspectiva la ausencia de soberanía y la dominación, presentes en el país a lo largo del tiempo con distintas formas y colores. Aquí el colonialismo es igual a paraíso fiscal. Cómo se ve, ese paraíso va variando en función de cómo se reorganiza el capital. Había un departamento completo de la CIA que tenía carpetas sobre los progresistas del país. Esto es importante para entender cómo se ha dado la lucha en Puerto Rico”. En 1952, y tras un proceso constituyente, Puerto Rico se convirtió en Estado Libre Asociado: “Así de irónico, porque no es Estado, ni es libre, pero es asociado… Incluso la Constitución fue enmendada en el Congreso de EE.UU”.

Saqib Bhatti es el director del ReFund America Project –plataforma con sede en Chicago que estudia el impacto de la crisis financiera en la población– y miembro del Instituto Roosevelt. También acudió a Madrid en junio deñ pasado año para participar en el "Día Internacional de denuncia de las prácticas del Banco de santander", "

Cuando llega el crash económico, los bancos básicamente se aprovechan y toman ventaja de esta situación. En el caso de Puerto Rico, el objetivo del Santander era hacerse con más y más deuda y conseguir lograr beneficio. Pero sabían que era insostenible. Sabían que el país no podía pagar esa cantidad” manifiesta este reputado analista norteamericano. 

Se usa la deuda a largo plazo para hacer proyectos a largo plazo -apunta Bhatti- pero el problema es que, como en Puerto Rico ya no entraba dinero, los gobernantes comienzan a usar esa deuda para tapar brechas en el corto plazo, y continúan trasladando los pagos al futuro”.

El 4 de noviembre de 2008, el republicano y neoliberal Luis Fortuño gana las elecciones a gobernador de Puerto Rico. Solo unos días después hace pública su intención de nombrar a Carlos García –que en ese momento lidera la filial del Banco de Santander– director del BGF, y constituye un Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal –el CAREF–, que a finales de año emite un informe con recomendaciones sobre la situación del país: “Básicamente, aconseja tomar más dinero prestado para pagar la deuda vieja, el despido de funcionarios y el cierre de industrias”, dice Xiomara Caro.  

 

 

Puerto Rico quiebra por la avaricia ilimitada y las prácticas mafiosas del Banco de Santander

 

 

El documento permanece secreto mientras concluye el periodo de transición gubernamental y se nombran los puestos clave. Según la investigación, el 23 de diciembre de 2008 se cierra una negociación en el BGF para emitir cerca de 1.200 millones de dólares de deuda nueva. En ella participan las élites del país, independientemente de su situación y del posible conflicto de interés: “Ahí están el gobernador entrante –Fortuño– y el gobernador saliente; el presidente del Banco Nacional entrante, Carlos García –que todavía no está sentando como cargo público, sino como presidente del Banco de Santander

A partir de 2009, ya con Carlos García como presidente del BGF, el Banco Santander participa en seis emisiones de bonos consecutivas: “Nosotros nos preguntamos: ¿Para qué el dinero? Si tomas 1.200 millones de dólares en tiempos de crisis, ¿no será para mantener los servicios sociales? No, es para pagar deuda vieja con préstamos que empiezan a llegar con intereses. Algunos de ellos acumulan, hoy en día, un 800% de interés”, asegura la letrado.

Toda esta emisión de deuda y la posterior se trazó a través de una estructura pública conocida como COFINA. Creada en 2006 –justo al final de la era de las farmacéuticas–, esta corporación adscrita al Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico tenía como principal función la emisión de bonos para refinanciar el déficit. Será, en resumen, el mecanismo facilitador para el gigantesco endeudamiento del país: en 2009, y con todos los actores ya en juego, COFINA llevará a cabo la emisión de bonos más grande de la historia de Puerto Rico –más de 5.500 millones de dólares, según la investigación de los estudiantes–. 

Techo de deudaAntes del surgimiento de COFINA, apunta Bhatti, existía una norma constitucional que establecía un techo de deuda. Con ese límite, no había posibilidad de gastar todo el dinero en refinanciación del déficit. Esto permitía, por ejemplo, mantener los servicios públicos. “Cuando decimos que la estructura COFINA es inconstitucional, es porque viola el límite de deuda. Ellos (el Gobierno y el Banco de Santander) crearon una estructura para quebrantar la ley, ignorando la Constitución”. 

Según la letrada, el Gobierno no estaba capacitado para resolver el problema: “A los pocos días de que Fortuño asumiese el cargo de gobernador, éste anunció su sorpresa ante la falta de liquidez y la necesidad de hacer ajustes. ¡Todo eso lo dice cuando acababa de pedir un préstamo!”. La restructuración y los recortes llegaron a través de la Ley 7 de 2010, que facilitaba “el despido de 30.000 empleados públicos, el cierre de agencias, el recorte de presupuestos…”  y que provocará masivas protestas estudiantiles.  La Ley 7 creó también una Junta de Reconstrucción y Estabilización Fiscal –una suerte de escalación del anterior consejo, el CAREF– que estará presidida por, ni más ni menos, que por Carlos García, es decir ¡controlada por el Banco de Santander! Esta junta tenía la responsabilidad de aplicar las medidas de austeridad y manejar el déficit del país.

 

 

Durante  29 meses como banquero central, García “el esbirro” del Banco de Santander autorizó la emisión de deuda por valor de cerca de 20.000 millones de dólares

 

 

 

Cuando García abandona en 2.011 sus distintos cargos públicos, regresa al Banco Santander, llenando de sentido la expresiónpuerta giratoria’. Durante sus 29 meses como banquero gubernamental, García autorizó la emisión de deuda por valor de cerca de 20.000 millones de dólares, todos suscritos por el trío Santander, UBS y Banco Popular. La emisión generó 230 millones en ganancias limpias a esas entidades –pero de manera significativa el mayor beneficiado fue el Banco de Santander-.

 

La crisis y la acumulación impagable de deuda llevan a que, en 2014, se apruebe en el archipiélago la Ley 71 de quiebra criolla. Pero la norma, que permitía declarar la bancarrota de Puerto Rico, es anulada primero el Tribunal Federal y después por el Tribunal Supremo de Estados Unidos: “Puerto Rico no puede ir a la quiebra porque no es un Estado y tampoco es un país. De esa forma, se cuenta que no hay otra vía que la intervención federal”, explica la letrada Caro. “Por eso sabemos bien que la forma de trabajar este tema es hablar de colonización y de soberanía”.

Comienza entonces, según Xiomara, un proceso de negociación, pero también de cabildeo y presión, en el Congreso de Estados Unidos. “¿Y quién va a decir, poco tiempo después, que tiene una propuesta?”, se pregunta la abogada. “¡Carlos García!, obviamente el mismísimo Banco de Santander”, responde.

Ustedes deben crear una Junta de Control Fiscal que tenga más poderes de los que yo tuve cuando presidía la Junta de Reestructuración Fiscal bajo La ley 7’. Entre líneas, Carlos García insinúa que hay que superar los problemas que tuvo cuando le tocó bregar con la democracia”.

Se aprueba entonces en el Congreso de Estados Unidos, a mediados de 2016, una ley Federal llamada PROMESA, cuyo objetivo es la reestructuración de la deuda y que Puerto Rico pueda volver a los mercados. Con ella se crea también la Junta de Control Fiscal recomendada por García. “Seis de los siete primeros miembros de la Junta son hombres, blancos, y abogados de la banca. Dos de ellos son, ni más ni menos, José Ramón González y Carlos García. Es decir, el mentor y el mentín”, apunta Xiomara.

Ahora volvemos a tener a Carlos García, que en cualquier otro país ya estaría investigado civilmente por fraude y conflicto de intereses, en la Junta –la troika– que viene a pagar la deuda, sin auditoría, sin investigación…. Nosotros decimos que es la deuda es ilegítima –e ilegal, en muchos casos– y que tendría que investigarse y auditarse”. 

En abril de 2016, el demócrata Ricardo Roselló, que ganará las elecciones unos meses después y será nuevo gobernador de Puerto Rico a finales de año, propone eliminar el BGF y sustituirlo por una autoridad que gestione la deuda. Una propuesta similar a la que había lanzado Carlos García, el cual, había aportado donaciones a la campaña del político en marzo de ese año.

Así llegamos a 2017. A principios del pasado mes de mayo, Puerto Rico solicitó acogerse a la quiebra a través del capítulo III de la Ley PROMESA. El mecanismo, trazado a través de la Junta de Control Fiscal, es un híbrido de la Ley de Quiebra de EE.UU, y permite medidas discrecionales como la congelación de las demandas de los acreedores.  Mantiene, sin embargo, la falta de competencia del archipiélago en esta materia –todavía sin capacidad para declararse en bancarrota– y perpetúa la falta de soberanía. 

Actualmente la deuda de Puerto Rico, de cerca de 70.000 millones de dólares, parece insostenible. La Administración estadounidense no parece tener ninguna solución para la isla más allá de exigir políticas de austeridad y recortes que no hacen más que empeorar la situación económica y humanitaria de los puertoriqueños. Su PIB ha disminuido un 14% en los últimos 10 años, con un fuerte retroceso en los últimos dos años.

Como golpe final a esta historia de puertas giratorias, García solicitó a Washington en 2016 la imposición de una junta con poderes ejecutivos y legislativos sobre Puerto Rico. En junio se creó una junta de control fiscal llamada PROMESA, conocida como “La Junta”. Este grupo de siete personas, al igual que la Troika en Grecia, tienen toda la autoridad y poder para decidir cómo reestructurar la deuda de Puerto Rico, qué poseedores de deuda cobrarán y cuánto. En agosto, José Ramón González y Carlos García fueron elegidas entre esas siete personas, dejando el futuro de la economía de la isla en las mismas manos de aquellos que crearon la burbuja de la deuda, maquillaron las cuentas con productos financieros tóxicos y se enriquecieron con la venta de esos bonos que hipotecaron el futuro de los puertoriqueños. Mientras tanto, el Banco Santander negocia acuerdos de exenciones contributivas con el gobierno de Puerto Rico y subvención de sus gastos en nóminas.

 

 

Un país en la ruina de manera inversamente proprocional al gran negocio de la Familia Botín

 

 

 

Para poder mantener la clasificación crediticia de Puerto Rico y asegurar un mercado de deuda externa muy saludable que siguiera dando pingües beneficios al Santander, García y su equipo empezaron a comercializar unos bonos de deuda municipal llamados COFINA (siglas de Corporación del Fondo de Interés Apremiante).

COFINA funciona como un mecanismo de externalización de la recaudación de impuestos. Estos impuestos pasan por la banca privada, ésta la distribuye entre los acreedores y lo que sobra -en caso de que sobre- va a las arcas públicas. El gobierno de Puerto Rico accedió a esta privatización de la recaudación para poder financiarse más allá de su presupuesto inicial, algo prohibido por su Constitución.

Esta deuda está asegurada para el acreedor, ya que la puede cobrar directamente de los impuestos recaudados. Además, los ex-directivos del Santander consiguieron también que los bonos estuvieran exentos del pago de impuestos locales, regionales y estadounidenses, lo que los convertía en un producto “seguro” y muy atractivo para los clientes del Santander y otras entidades financieras.

El dinero que obtenía Puerto Rico por la emisión de esa deuda fue usado para pagar deuda pública anterior y para financiar el déficit del Estado, en una operación de maquillaje de cuentas muy similar al realizado por Grecia para mantener su calificación frente a inversores externos.

En 2009, Carlos García pudo vender 5.300 millones de dólares en bonos COFINA con dos emisiones en las que el Banco Santander participó como principal vendedor y asegurador. Dichos bonos fueron usados para pagar la deuda ya existente. “Deuda para pagar deuda, pero nunca utilizada para reactivar la economía puertoriqueña o paliar las necesidades sociales”, tal y como reclama la organización que ha publicado el informe de Hedge Clippers. Bajo la dirección de García y Batlle, se emitieron 10.800 millones de dólares de deuda de COFINA. Gran parte de ella tiene vencimientos de entre 32 y 39 años, pese a que la Constitución de Puerto Rico prohíbe que se emita deuda con vencimientos superiores a 30 años.

El informe de Hedge Clippers, que analizó más de 90 emisiones en las que el Banco Santander estaba implicado, destapa operaciones de bonos de recapitalización de capital y permutas financieras (swaps). Una de estas operaciones analizada llegó a pagar 730 millones de dólares por una emisión de 139 millones, debido a los altos tipos de interés, la capitalización de esos intereses y los largos plazos.

Otra remesa denunciada en la investigación fue emitida en 2011 con bonos de revalorización de capital, con periodos de vencimiento de 35 a 37 años y una tasa de interés del 7%, lo que hará que el pueblo puertoriqueño devuelva hasta 13 veces la cantidad prestada. Esta emisión fue aprobada por el BGF con Juan Carlos Batlle a la cabeza, otorgando un descuento en la suscripción de 2,7 millones de dolares al Santander liderado en ese momento por su hermano, el cual lideró la venta de los bonos.

 

 

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